El 27 de mayo de 2015, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, destacando por su importancia las reformas a los artículos 108 y 109 constitucionales, por medio de los cuales se creó el Sistema Nacional Anticorrupción.
En consecuencia, fue publicada la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, definiendo cuestiones adjetivas y sustantivas, distribuyendo competencias para investigar, substanciar y sancionar a personas servidoras públicas y particulares que incurran en faltas administrativas.
La estrategia de combate a la corrupción se realiza mediante la prevención, identificación, investigación y sanción de conductas ilícitas, implementando diversas acciones como lo son: la declaración patrimonial y de intereses por parte de las personas servidoras públicas, la fiscalización de los ingresos, egresos y deuda de los entes gubernamentales, así como la investigación y sanción de responsabilidades.
Dicha estrategia es definida en el título cuarto de nuestra Constitución, con la cual se pretende combatir la ilegalidad y la corrupción, robusteciendo el Estado de derecho, fomentando la eficacia y eficiencia en el servicio público. El sistema de responsabilidades de las personas servidoras públicas se divide en cuatro modalidades: civil, penal, política y administrativa, cuyos respectivos procedimientos se llevan a cabo de manera autónoma.
Lo anterior representa un nuevo paradigma en materia de combate a la corrupción en México, el cual involucra a las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin embargo, no existen los esfuerzos suficientes en la materia para hacer frente a este reto que involucra a más de 2,500 entes a nivel nacional, de los cuales 2469 corresponden a Municipios y demarcaciones territoriales.
